IV Jornadas Privacidad y Vigilancia

Restaurar la confianza en la red

Olvido, big data, drones, vigilancia electrónica, NSA, ciberguerra, o cookies son palabras que los medios de comunicación han incorporado al lenguaje común prácticamente en el último año. En las últimas semanas asistimos a un debate cuyo impacto va mucho más allá de la anécdota de detener y procesar a un usuario de Twitter u otra red social por manifestar en ella su opinión inadecuadamente.

En paralelo al crecimiento de la sociedad-red, se han incrementado las estrategias de monitorización pública y privada de la conducta de los usuarios. En el ámbito privado, el inevitable cruce entre la información que ya proporcionaba la tecnología existente a través del análisis de cookies y metadatos con la elaboración de patrones comportamentales a partir de toda la información disponible, ha iniciado una nueve fiebre del oro. Los datos personales son el combustible que alimenta multitud de nuevos modelos de negocio, y la industria trata de explotarlos de las formas más diversas. Sin embargo, el contexto no parece ser el más propicio para lograr un equilibrio entre las legítimas aspiraciones de las empresas y los derechos de los usuarios. Por un lado, contamos con una legislación fragmentada, marcadamente territorial y no adaptada a las particularidades de Internet. Por otro, la autorregulación no se ha desarrollado hasta el punto de dar respuesta a los problemas cotidianos de los usuarios, que lejos de contar con soluciones sencillas, se resuelven mediante sesudos pronunciamientos judiciales: véase, sin ir más lejos, la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso del “derecho al olvido”.

Una preocupación, esta, que no es exclusiva del ámbito privado: en el plano de la actuación estatal se reproduce con crudeza la vieja tensión entre nociones como la de orden público y la libre acción del usuario. Internet también es un territorio sin fronteras para los Estados, hasta el punto de generar una creciente preocupación en los ciudadanos, que cada vez perciben con mayor escepticismo el alcance de su derecho al secreto de las comunicaciones.

Garantizar la confianza en la red, preservar las libertades individuales y la existencia de una opinión pública libre, proteger a los menores frente a la manipulación de sus conductas o asegurar que el consumidor adopta decisiones libres en el mercado no depende únicamente de leyes y reguladores. El convencimiento en la importancia de dichos valores, unido al respeto al usuario y la transparencia, deben imponerse como imperativos éticos que inspiren la responsabilidad corporativa, los códigos de conducta empresarial y el llamado “buen gobierno”.

Hashtag: #IGFpriv

Responsables del grupo

• José Leandro Nuñez García (@leoplus) Socio en Audens
  
• Ricard Martínez Martínez Presidente de APEP (Asociación Provesional ESpañola de Privacidad) y data protection officer en la Universitat de València

Moderador

José Leandro Nuñez García (@leoplus) Socio en Audens

Relator

Javier Penafreta (@javierpenafreta) Abogado especializado en derecho tecnológico

Participantes